Faltas académicas: sancionar con justicia y educar

Bajada: Una política de integridad legítima no elige entre educar y exigir responsabilidad. Investiga con rigor, distingue situaciones, asegura el derecho a ser oído y aplica consecuencias que protegen el aprendizaje sin deshumanizar a quien cometió la falta. Una estudiante entrega un trabajo con párrafos sin citar. Otro estudiante compra un ensayo y lo presenta como propio. Una persona de primer año usa una herramienta de inteligencia artificial porque interpretó mal una instrucción ambigua. Otra reincide después de haber recibido orientación y una advertencia formal. Las cuatro situaciones afectan la integridad académica, pero no son equivalentes. Tratarlas como si lo fueran puede ser tan injusto como ignorarlas. La dificultad comienza cuando la respuesta institucional se mueve entre dos extremos. En uno, las faltas se relativizan para evitar conflictos: cada docente decide qué hacer, algunos casos no se reportan y la consecuencia depende de quién descubre el problema. En el otro, la sanción se vuelve automática: una coincidencia textual, la alerta de un software o una sospecha activan castigos sin suficiente conversación, contexto ni posibilidad real de revisión. Ninguno de esos extremos construye confianza. Una institución de educación superior necesita reglas claras y consecuencias efectivas, pero también evidencia, proporcionalidad, consistencia, apelación y aprendizaje. En otras palabras, necesita sancionar con justicia. La compasión no es impunidad Hablar de compasión en un procedimiento disciplinario puede generar resistencia. A veces se interpreta como indulgencia, debilidad o renuncia a los estándares. Sin embargo, la compasión no exige negar la falta ni evitar sus consecuencias. Exige reconocer que la persona no se reduce al peor acto que cometió y que la finalidad educativa no desaparece cuando ocurre una infracción. El informe Nuevas perspectivas sobre ética e integridad académica en la docencia y la investigación universitaria , publicado por UNESCO IESALC en 2026, recoge seis valores fundamentales de la integridad académica —honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y valentía— y presenta la compasión como un principio adicional para prevenir la deshonestidad, gestionar formativamente las faltas y aplicar la normativa. Esa combinación importa. Sin responsabilidad, la compasión se vacía y puede convertirse en impunidad. Sin respeto y justicia, la sanción se transforma en una respuesta meramente punitiva. El objetivo no es escoger entre firmeza y humanidad, sino sostener ambas. Una institución justa protege el valor de las credenciales, los aprendizajes de quienes cumplen las reglas y la confianza de la comunidad. También protege a la persona investigada frente a decisiones apresuradas, criterios contradictorios y consecuencias desproporcionadas. Esas obligaciones no compiten: forman parte del mismo compromiso con la calidad. No todas las faltas dicen lo mismo La etiqueta “deshonestidad académica” puede agrupar conductas muy distintas: una cita mal construida, colaboración no autorizada, reutilización de un trabajo propio sin informar, uso de IA fuera de las condiciones del curso, copia en una evaluación, falsificación de datos, suplantación, compra de trabajos o participación en una red organizada de fraude. Si el reglamento solo ofrece una lista de faltas y una escala de castigos, queda incompleto. Para decidir con justicia conviene observar, al menos, seis dimensiones: Gravedad y alcance. No es igual un error acotado de atribución que la fabricación de resultados o la sustitución completa del trabajo intelectual. Conocimiento e intención. Importa saber si la regla estaba clara, si hubo error evitable, negligencia, ocultamiento deliberado o planificación del engaño. La intención no siempre puede probarse, pero tampoco debe presumirse automáticamente. Beneficio y daño. ¿La conducta alteró una calificación, afectó a otras personas, comprometió una práctica profesional, falseó evidencia o dañó la confianza en una credencial? Recurrencia. Una primera falta puede revelar una necesidad formativa; la repetición después de orientación y advertencias muestra un problema diferente. Etapa formativa. El nivel de autonomía y conocimiento esperado no es idéntico en el primer semestre, al finalizar una carrera o en un programa de posgrado. Contexto institucional. También debe revisarse si las instrucciones eran comprensibles, si hubo acceso a apoyo, si la evaluación estaba bien diseñada y si la regla se aplicó de manera consistente. Considerar estas dimensiones no elimina la responsabilidad individual. Permite determinarla mejor. Tampoco significa que una dificultad personal justifique cualquier conducta. El contexto orienta la respuesta y los apoyos; no borra los hechos. Primero evidencia, después consecuencia La presión por responder rápido puede convertir herramientas auxiliares en jueces. Un porcentaje de similitud no demuestra por sí solo plagio. La alerta de un detector de IA tampoco prueba autoría indebida. Incluso una diferencia evidente entre el desempeño habitual y un trabajo presentado es una señal para investigar, no una sentencia. Un procedimiento confiable separa cuatro pasos: detectar una señal, reunir evidencia, escuchar una explicación y tomar una decisión motivada. Esto parece básico, pero evita errores frecuentes: castigar una cita legítima, confundir apoyo autorizado con colaboración indebida, atribuir intención a partir de una métrica o aplicar retroactivamente una regla que no fue comunicada. La persona involucrada debe conocer con precisión qué conducta se cuestiona y sobre qué evidencia se sostiene la acusación. Debe disponer de un plazo razonable para responder, aportar antecedentes y entender las posibles consecuencias. Quien decide debe distinguir hechos comprobados, inferencias e incertidumbres. La justicia procedimental no es una formalidad que retrasa la gestión. Es la condición que permite que una decisión sea explicable, revisable y legítima. La proporcionalidad necesita consistencia, no automatismo Aplicar la misma consecuencia a situaciones diferentes no garantiza igualdad. A veces solo oculta una mala clasificación. La consistencia exige que casos comparables reciban respuestas comparables y que las diferencias estén justificadas mediante criterios conocidos. UNESCO IESALC recomienda mecanismos justos, proporcionales y consistentes, con sanciones diferenciadas según el tipo de infracción, su gravedad, la recurrencia y el nivel académico. También plantea un proceso de apelación claro e independiente. La palabra “independiente” es decisiva: revisar una decisión no puede consistir únicamente en pedir a quien ya resolvió que confirme su propio criterio. Una matriz institucional puede ayudar, siempre que no funcione como una calculadora ciega. En vez de asignar automáticamente “falta X = castigo Y”, puede orientar la deliberación mediante rangos y factores agravantes o atenuantes. La decisión final debería explicar qué hechos se acreditaron, qué criterios se aplicaron, por qué la consecuencia es proporcional y qué vías de revisión existen. También conviene monitorear la aplicación agregada de la política. ¿Hay unidades que reportan mucho más que otras? ¿Conductas similares reciben respuestas distintas? ¿Ciertos grupos enfrentan más acusaciones o sanciones severas? Estas diferencias no prueban discriminación, pero sí justifican una revisión de reglas, prácticas docentes, apoyos y posibles sesgos. Una consecuencia puede ser formativa sin ser simbólica Una respuesta formativa no consiste en pedir que la persona vea un video y continúe como si nada hubiera ocurrido. Debe estar vinculada con la conducta, exigir trabajo real y permitir comprobar aprendizaje. Ante una primera falta de citación, por ejemplo, la consecuencia puede combinar la corrección del trabajo, una reducción académica proporcional y una actividad guiada sobre uso de fuentes. Frente a colaboración no autorizada, puede requerirse reconstruir individualmente el proceso y explicar las decisiones tomadas. Si hubo uso de IA no declarado, la persona puede elaborar una bitácora de herramientas, fuentes, verificaciones y aportes propios, además de rehacer la parte afectada bajo condiciones definidas. Las faltas graves o deliberadas pueden requerir consecuencias mayores: anulación de la evaluación, pérdida de la asignatura, suspensión u otras medidas contempladas en la normativa. El enfoque formativo no obliga a responder siempre con suavidad. Obliga a que incluso una sanción severa tenga fundamento, procedimiento y relación con el daño y la responsabilidad acreditados. Cuando sea posible, la respuesta también puede incorporar reparación. Si la conducta perjudicó a un equipo, contaminó datos, utilizó sin autorización el trabajo de otra persona o afectó un proceso institucional, corregir el daño forma parte del aprendizaje ético. El docente no debería cargar solo con el caso Dejar toda la gestión en manos de cada docente produce desigualdad y desgaste. Algunos profesores evitan reportar porque el procedimiento es confuso o demandante. Otros crean reglas propias. También puede ocurrir que una misma conducta sea ignorada en una asignatura y castigada con máxima severidad en otra. Las instituciones necesitan un sistema de apoyo: orientaciones breves, asesoría para reunir evidencia, canales de consulta, formularios razonables, plazos, responsables capacitados, resguardo de confidencialidad y registro institucional. El docente debe participar y aportar contexto académico, pero no convertirse simultáneamente en denunciante, investigador, juez y instancia de apelación. Esta separación protege a todas las partes. Reduce la personalización del conflicto, mejora la consistencia y permite aprender de los casos. También ayuda a identificar problemas que ninguna asignatura puede resolver por sí sola: instrucciones ambiguas sobre IA, formación insuficiente en escritura académica, sobrecarga evaluativa, prácticas de colaboración mal delimitadas o acceso desigual a apoyos. Ocho preguntas para revisar una política Una institución que quiera evaluar su procedimiento puede comenzar con ocho preguntas concretas: ¿Las reglas están escritas en lenguaje comprensible y aparecen donde las personas realmente las consultan? ¿Los cursos explican qué colaboración, fuentes y usos de IA están permitidos? ¿Una alerta tecnológica se trata como indicio y no como prueba concluyente? ¿La persona investigada conoce los hechos, la evidencia y las posibles consecuencias? ¿La política distingue gravedad, alcance, recurrencia y etapa formativa? ¿Las respuestas incluyen aprendizaje o reparación cuando corresponde? ¿Existe una apelación real, clara y suficientemente independiente? ¿La institución analiza consistencia, reincidencia y posibles desigualdades en la aplicación? Si varias respuestas son negativas, el problema no reside únicamente en las conductas individuales. También existe una brecha de calidad institucional. La legitimidad se construye antes del conflicto Las políticas de integridad suelen hacerse visibles cuando alguien es acusado. Para entonces, parte de la confianza ya está en juego. La mejor prevención comienza antes: expectativas claras, evaluaciones con sentido, formación en escritura y uso de fuentes, orientaciones explícitas sobre IA, oportunidades de pedir ayuda y docentes que modelan los mismos estándares que exigen. Cuando una falta ocurre, la institución revela qué entiende por justicia. Puede responder con indiferencia, con castigo automático o con una combinación más exigente: verificar, escuchar, decidir, explicar, reparar y enseñar. Sancionar con justicia no es sancionar menos. Es sancionar mejor. Significa proteger los estándares sin abandonar el propósito educativo, aplicar consecuencias sin humillar y ofrecer aprendizaje sin negar la responsabilidad. Una cultura de integridad se fortalece cuando la comunidad sabe que las reglas importan, pero también que serán aplicadas con evidencia, proporcionalidad y humanidad. Si estos desafíos forman parte de tu trabajo docente o institucional, regístrate gratis en InnovacionAcademica.org. Allí podrás seguir explorando herramientas, experiencias y debates para fortalecer la calidad y la integridad en la educación superior. Fuentes consultadas Bernabé, Y., Inzolia, Y. y Comas-Forgas, R. (Eds.). (2026). Nuevas perspectivas sobre ética e integridad académica en la docencia y la investigación universitaria . UNESCO IESALC.