Directorios y gobernanza de la sostenibilidad
Una agenda práctica para que directorios y consejos superiores supervisen la sostenibilidad mediante competencias, información y decisiones institucionales.
Una institución puede declarar la sostenibilidad como prioridad, aprobar una política y recibir un tablero de indicadores cada semestre. Nada de eso garantiza que su directorio, junta directiva o consejo superior esté en condiciones de gobernarla. La prueba aparece cuando debe decidir entre inversiones, revisar riesgos, asignar recursos, evaluar alianzas o preguntar si el currículo y la investigación están respondiendo a desafíos ambientales y sociales concretos. En ese momento, la adhesión general deja de ser suficiente. Un órgano superior que no comprende las interdependencias de la sostenibilidad puede aprobar compromisos que no sabe supervisar, pedir metas sin recursos o reducir un desafío institucional a consumo energético, reciclaje y reputación. También puede delegar todo en una unidad técnica y descubrir tarde que las decisiones decisivas se tomaron en presupuesto, infraestructura, desarrollo académico, compras o inversiones. La pregunta no es si cada integrante debe convertirse en especialista ambiental. No debe. La pregunta es si el órgano posee, colectivamente, el conocimiento, la información y los procedimientos necesarios para formular buenas preguntas, deliberar sobre tensiones y responder por la orientación institucional. Sostenibilidad no es un tema adicional en la agenda En educación superior, la sostenibilidad atraviesa la docencia, la investigación, la innovación, la Vinculación con el Medio, las operaciones, el bienestar, las compras, la infraestructura, las inversiones y las alianzas. Por eso no puede gobernarse como un proyecto lateral que llega al directorio una vez al año. El informe Higher Education for Sustainability: Leadership, Learning and the Development of Senior Teams , preparado por Daniella Tilbury para la Comisión Europea, observa que los órganos de gobierno fijan marcos, dirección estratégica, presupuesto y rendición de cuentas. También advierte que su involucramiento en sostenibilidad es desigual y que la falta de conocimiento puede limitar decisiones estratégicas. El documento recomienda definir con claridad las responsabilidades de estos órganos y considerar formación específica. Su aporte es relevante, pero tiene límites: es una revisión narrativa con orientación europea, ocho informantes y cinco casos de desarrollo directivo; no demuestra que capacitar a un directorio produzca automáticamente mejores resultados ni establece una obligación jurídica para Chile. El valor de la recomendación está en la pregunta que abre: si el órgano superior aprueba estrategia, presupuesto y grandes riesgos, ¿cómo podría dejar la sostenibilidad fuera de sus propias competencias? Aprobar una política no equivale a saber supervisarla Un directorio puede cumplir formalmente con aprobar una política y, aun así, no ejercer supervisión sustantiva. Esto ocurre cuando recibe solo información celebratoria, revisa actividades sin resultados, no distingue riesgos de corto y largo plazo o desconoce quién tiene autoridad para corregir una brecha. La capacidad de gobierno se observa en otro tipo de preguntas: ¿Qué problemas de sostenibilidad son materiales para la misión, el territorio y el subsistema de la institución? ¿Qué decisiones del órgano superior pueden agravar o reducir esos problemas? ¿Qué grupos reciben los beneficios y quiénes asumen los costos? ¿Qué compromisos dependen de currículo, investigación, operaciones o alianzas? ¿Qué evidencia permitiría distinguir avance, estancamiento y efecto adverso? ¿Qué asunto puede resolver el equipo ejecutivo y cuál requiere una decisión reservada del órgano superior? Estas preguntas evitan dos extremos. Uno es la aprobación simbólica: una estrategia ambiciosa sin responsables, recursos ni seguimiento. El otro es la microgestión: un directorio que intenta administrar proyectos que corresponden al equipo ejecutivo. Gobernar significa orientar, delimitar responsabilidades, revisar riesgos y exigir evidencia sin reemplazar la gestión cotidiana. La competencia debe ser colectiva No toda persona que integra un órgano superior necesita dominar cambio climático, biodiversidad, justicia social, currículo, inversiones responsables y evaluación de impacto. Esa expectativa sería poco realista. Lo que sí necesita el órgano es una combinación deliberada de capacidades. Primero, debe existir una alfabetización común . Sus integrantes deberían comprender que sostenibilidad no es sinónimo de gestión ambiental y reconocer las conexiones entre decisiones académicas, financieras, sociales y territoriales. Segundo, necesita diversidad de experiencia y perspectivas . Una mesa compuesta solo por una clase de trayectoria profesional puede pasar por alto efectos sobre estudiantes, personal, comunidades, grupos vulnerables o futuras generaciones. Incorporar diversidad no elimina el conflicto; mejora la posibilidad de verlo antes de decidir. Tercero, requiere acceso a asesoría independiente . Cuando una decisión supera la competencia interna, el órgano debe poder solicitar análisis experto, contrastar supuestos y conocer incertidumbres. Escuchar a una unidad responsable es necesario, pero no siempre suficiente para examinar alternativas o conflictos de interés. Cuarto, necesita capacidad para aprender de la implementación . Un compromiso inicial puede resultar inviable, insuficiente o producir efectos no previstos. La competencia no consiste en defender una decisión a cualquier costo, sino en revisar evidencia, corregir y explicar el cambio de rumbo. Seis piezas para una agenda mínima de gobierno ¿Cómo traducir esa capacidad a la práctica sin crear otro comité decorativo? Una agenda mínima puede organizarse en seis piezas. 1. Una inducción conectada con decisiones reales La inducción no debería limitarse a presentar conceptos y compromisos. Debe trabajar con dilemas que el órgano enfrentará: infraestructura y uso de suelo, inversiones, compras, expansión académica, alianzas, riesgos climáticos, inclusión, investigación o relación con el territorio. La meta no es memorizar definiciones, sino practicar preguntas y reconocer interdependencias. 2. Un mapa explícito de responsabilidades Debe quedar claro qué corresponde al órgano superior, qué al equipo ejecutivo, qué a órganos académicos y qué a unidades técnicas. Por ejemplo, aprobar orientación y apetito de riesgo no es lo mismo que administrar un plan energético. Validar una política curricular no equivale a rediseñar cada asignatura. La ambigüedad crea dos problemas: asuntos relevantes sin dueño y autoridades a quienes se atribuyen resultados que no podían controlar. 3. Decisiones reservadas con criterio de sostenibilidad Algunas decisiones merecen una revisión explícita: grandes inversiones, infraestructura, apertura o cierre de sedes y programas, políticas de investigación, alianzas estratégicas, endeudamiento, compras críticas y compromisos públicos. No se trata de agregar una casilla verde a cada formulario, sino de identificar dónde una decisión puede producir efectos ambientales, sociales o económicos duraderos. 4. Información que permita deliberar, no solo informar Un tablero útil no reúne todo lo medible. Presenta pocos datos vinculados con preguntas y decisiones. Debe combinar resultados, riesgos, distribución de efectos, cumplimiento, recursos comprometidos y explicaciones de variaciones. También necesita mostrar lo incómodo: metas atrasadas, costos desplazados, impactos desiguales, información faltante y supuestos que cambiaron. Un órgano que recibe únicamente logros no está siendo informado; está recibiendo comunicación institucional. 5. Un calendario de supervisión La sostenibilidad debe entrar en las rutinas ordinarias del gobierno: estrategia, presupuesto, riesgos, resultados académicos, inversiones y revisión de alianzas. Una sesión anual temática puede servir para profundizar, pero no reemplaza su integración en decisiones regulares. La frecuencia debe responder al tipo de asunto. Un riesgo urgente puede exigir seguimiento cercano; un cambio curricular necesita horizontes más largos. Lo importante es que cada revisión conduzca a una decisión, una solicitud de evidencia o una corrección, no solo a “tomar conocimiento”. 6. Autoevaluación del propio órgano El directorio también debe examinar su desempeño. ¿Comprendió los asuntos materiales? ¿Recibió información suficiente y a tiempo? ¿Formuló preguntas difíciles? ¿Escuchó perspectivas distintas? ¿Detectó efectos negativos? ¿Hizo seguimiento a sus acuerdos? ¿Cuenta con brechas de composición o conocimiento que debe resolver? Una autoevaluación seria no se reduce a satisfacción ni a asistencia. Revisa la calidad de la deliberación y su conexión con decisiones institucionales. Cinco preguntas antes de votar Antes de aprobar una decisión estratégica, el órgano superior podría detenerse en cinco preguntas breves: Propósito: ¿cómo se relaciona esta decisión con la misión y los compromisos de sostenibilidad? Efectos: ¿qué consecuencias ambientales, sociales, académicas y económicas son plausibles, para quiénes y en qué plazo? Alternativas: ¿qué opciones se consideraron y por qué se descartan? Capacidad: ¿existen responsables, atribuciones, recursos, datos y coordinación para implementar? Revisión: ¿qué evidencia activará continuidad, ajuste, pausa o cierre? La pauta no garantiza una buena decisión. Sí reduce la posibilidad de aprobar iniciativas bien intencionadas que carecen de capacidad, trasladan costos o no incluyen una forma de aprender. El contexto chileno exige adaptación, no copia Las estructuras de gobierno varían entre instituciones estatales y privadas, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. También cambian las atribuciones de juntas directivas, consejos superiores, directorios, rectorías y órganos académicos. No existe una plantilla única. La Ley 21.091 sobre Educación Superior sitúa la calidad, el proyecto institucional y la autorregulación dentro de un marco público exigente. Esto no equivale a una obligación específica de formar directorios en sostenibilidad. Permite, sin embargo, una inferencia razonable: cuando una institución incorpora la sostenibilidad a su misión o estrategia, su gobierno debe ser capaz de supervisar coherencia, implementación y mejora. La adaptación también exige evitar un sesgo frecuente: copiar agendas diseñadas para instituciones con otras regulaciones, recursos y problemas territoriales. Una institución regional puede enfrentar prioridades distintas de una entidad metropolitana; un CFT no toma las mismas decisiones que una universidad compleja. La competencia de gobierno incluye comprender esas diferencias. Entender para gobernar, gobernar para responder La sostenibilidad no se vuelve estratégica porque aparezca en una declaración. Se vuelve estratégica cuando influye en aquello que el órgano superior pregunta, aprueba, financia, supervisa y corrige. Un directorio competente no necesita tener todas las respuestas. Necesita reconocer qué no sabe, pedir evidencia pertinente, incorporar conocimiento independiente, deliberar sobre tensiones y asumir responsabilidad por sus decisiones. La formación puede ayudar, pero no sustituye una arquitectura de gobierno con roles, información y seguimiento. La pregunta del título admite, entonces, una respuesta breve: un directorio puede aprobar sostenibilidad sin entenderla, pero difícilmente puede gobernarla. Para gobernar necesita convertir una convicción general en capacidad colectiva de decisión. Fortalecer la educación superior también exige mejorar las preguntas que se formulan en sus máximos espacios de decisión. Regístrate gratis en InnovacionAcademica.org y accede a nuevos análisis, herramientas y experiencias sobre liderazgo, calidad y sostenibilidad institucional. Fuentes consultadas Tilbury, D. (2025). Higher Education for Sustainability: Leadership, Learning and the Development of Senior Teams . Comisión Europea, EENEE. ENESET / Comisión Europea. Ficha oficial del informe analítico. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Registro bibliográfico del informe. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 21.091 sobre Educación Superior. Imagen de portada: Superzerocool/Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.