Educación superior y migración: integrar trayectorias

Bajada: La matrícula de estudiantes extranjeros ha aumentado, pero abrir la puerta de ingreso no garantiza una trayectoria justa. El desafío institucional es coordinar admisión, financiamiento, docencia, bienestar y egreso sin convertir cada dificultad en un caso excepcional. Una estudiante termina la enseñanza media en Chile, postula a educación superior y cumple los requisitos académicos. Sin embargo, al buscar financiamiento descubre que su situación migratoria todavía está en trámite. Otro estudiante logra matricularse, pero no sabe a qué oficina acudir para convalidar estudios, comprender una regla curricular o resolver una diferencia entre los documentos de su país de origen y los que exige la institución. Una tercera persona ingresa sin problemas formales, aunque durante el semestre enfrenta barreras lingüísticas, discriminación o una red de apoyo muy limitada. Los tres casos parecen distintos. En la práctica, suelen terminar en el mismo lugar: una cadena de derivaciones entre admisión, registro curricular, bienestar, finanzas, carrera y organismos públicos. Cuando el sistema funciona así, la inclusión depende de que alguien conozca a la persona correcta, insista lo suficiente o encuentre a una funcionaria dispuesta a coordinar lo que la institución no diseñó. La migración no debería tratarse como una anomalía administrativa. Tampoco como una categoría homogénea. Hay estudiantes que llegaron durante la infancia y completaron toda su escolaridad en Chile; personas adultas que retoman estudios; profesionales que buscan otra formación; estudiantes con residencia regular; solicitantes de refugio; familias en procesos documentales complejos y personas cuya principal barrera no es jurídica, sino económica, académica o cultural. Esa diversidad obliga a cambiar la pregunta. Ya no basta con saber si una persona migrante puede ingresar. Las instituciones de educación superior deben preguntarse si cuentan con una política capaz de acompañar su trayectoria hasta el egreso, sin bajar estándares ni convertir cada obstáculo en una excepción improvisada. Una realidad que ya está dentro del sistema Chile estimó 1.918.583 personas extranjeras residentes habituales al cierre de 2023 . Esa cifra del INE y el Servicio Nacional de Migraciones no indica cuántas podrían estudiar ni describe sus condiciones educativas, pero ayuda a dimensionar que la movilidad humana no es un fenómeno marginal. En educación superior, una nota de la Subsecretaría de Educación Superior sobre la mesa de inclusión impulsada por UNESCO informó que la matrícula extranjera de pregrado llegó en 2023 al 2,8% del total: 13.297 estudiantes en universidades y 21.646 en el subsistema técnico-profesional. La distinción importa. Hablar solo de universidades dejaría fuera a la mayoría de ese grupo registrado en IP y CFT. También se necesita cautela. “Nacionalidad extranjera” y “condición migratoria” no son sinónimos perfectos. Una persona puede tener nacionalidad extranjera y haber vivido casi toda su vida en Chile; otra puede haber adquirido la nacionalidad chilena y mantener una trayectoria migrante. Las estadísticas administrativas sirven para observar el sistema, pero no deberían utilizarse para etiquetar ni atribuir déficits individuales. La presión sobre la transición seguirá creciendo. En 2024 había más de 275 mil estudiantes extranjeros en el sistema escolar y 56% asistía a la educación pública, según la Subsecretaría de Educación Superior . No todos continuarán estudios superiores, pero una parte relevante llegará con experiencias escolares chilenas, expectativas familiares y necesidades muy distintas de las asociadas al intercambio internacional tradicional. Ingresar no equivale a estar incluido Una institución puede admitir estudiantes migrantes y seguir produciendo exclusión. Ocurre cuando entrega información solo en lenguaje jurídico, exige recorrer múltiples ventanillas, no coordina plazos migratorios con fechas académicas o carece de criterios para orientar sobre financiamiento y reconocimiento de estudios. También ocurre después de la matrícula. Las reglas no escritas de la vida académica pueden resultar difíciles para cualquier estudiante de primera generación y aún más para quien debe aprender simultáneamente códigos institucionales, expresiones locales y procedimientos desconocidos. La dificultad no siempre será “idiomática” en sentido estricto. Dentro de América Latina compartimos el español, pero cambian nombres de asignaturas, escalas de calificación, conceptos administrativos, formas de relacionarse con docentes y expectativas sobre participación. El problema se agrava cuando la institución confunde acompañamiento con homogeneización. Integrar no significa pedir que la persona borre su identidad para adaptarse. Tampoco consiste en suponer que toda diferencia cultural requiere un programa especial. Una política madura identifica barreras concretas, ofrece apoyos proporcionales y mantiene expectativas académicas claras para toda la comunidad. Del operativo ocasional a una capacidad institucional En Chile ya existen señales valiosas. La Red PACE de Apoyo a Estudiantes Migrantes amplió su alcance a las 29 universidades que participan en el programa. La mesa articulada por UNESCO ha reunido a instituciones, Subsecretaría de Educación Superior y ACNUR, con una agenda que incluye transición, permanencia, egreso, fortalecimiento de capacidades y generación de conocimiento. Estas iniciativas muestran que hay experiencia disponible. El siguiente paso es evitar que dependa únicamente de redes voluntarias, proyectos temporales o profesionales particularmente comprometidos. Una institución necesita convertir ese aprendizaje en procedimientos, responsabilidades y recursos estables. Eso supone, al menos, cinco capacidades. 1. Una ruta comprensible desde antes de la matrícula La información debe indicar requisitos, plazos, costos, alternativas y unidades responsables sin obligar a interpretar un laberinto normativo. Cuando una decisión corresponde a una autoridad pública, la institución no puede prometer resolverla, pero sí orientar, derivar correctamente y explicar cómo afecta la trayectoria académica o financiera. La ruta debe distinguir entre admisión, reconocimiento de estudios, beneficios, residencia, habilitación profesional y continuidad formativa. Mezclar estos procesos crea expectativas falsas y aumenta el riesgo de decisiones tardías. 2. Un responsable de coordinar, no otra ventanilla Crear una oficina nueva no siempre es la respuesta. Lo indispensable es definir quién coordina casos que atraviesan varias unidades. Admisión puede conocer el requisito de entrada; registro curricular, la convalidación; bienestar, las alternativas de apoyo; finanzas, los aranceles; la carrera, las decisiones académicas. Si nadie reúne esas piezas, la persona estudiante termina actuando como mensajera entre áreas que pertenecen a la misma institución. Un protocolo debería establecer responsables, tiempos de respuesta, criterios de derivación y mecanismos de escalamiento. También necesita continuidad frente a vacaciones, cambios de personal y sedes distintas. 3. Apoyos que lleguen a la permanencia y al egreso La inclusión no termina durante la inducción. Puede requerir tutoría académica, orientación sobre reglas curriculares, apoyo psicosocial, mediación ante discriminación, nivelación, redes entre pares o acompañamiento para prácticas y empleabilidad. No todas las personas necesitarán lo mismo. El error sería diseñar un paquete uniforme para “el estudiante migrante”. Una persona que cursó toda la enseñanza media en Chile puede requerir apoyo financiero, pero no nivelación cultural. Otra puede dominar los contenidos y necesitar comprender el lenguaje técnico de su disciplina. Una tercera puede combinar condición migratoria, cuidado familiar, trabajo y vulnerabilidad socioeconómica. La respuesta debe mirar trayectorias, no estereotipos. 4. Docencia y convivencia con enfoque intercultural La interculturalidad no consiste en celebrar gastronomías una vez al año. En el aula aparece cuando se revisan ejemplos, bibliografías, dinámicas de participación, formas de retroalimentar y supuestos sobre lo que todo estudiante “debería saber”. El personal académico necesita herramientas para responder ante comentarios xenófobos, evitar que una persona deba representar a todo su país y reconocer diferencias lingüísticas sin confundir acento con falta de capacidad. Al mismo tiempo, debe sostener los resultados de aprendizaje y comunicar con claridad cómo se evaluarán. La convivencia es una responsabilidad compartida. Los mecanismos contra discriminación deben ser conocidos, accesibles y confiables. Un protocolo que nadie comprende o que obliga a exponerse innecesariamente no constituye una protección efectiva. 5. Datos para mejorar, no para vigilar Sin información es difícil saber si existen brechas de retención, aprobación, titulación o experiencia estudiantil. Pero registrar nacionalidad o condición migratoria sin un propósito claro también puede generar riesgos de estigmatización, exposición o uso indebido. Las instituciones deberían definir qué datos necesitan, para qué decisiones, quién accede a ellos y cómo protegerán grupos pequeños. Los indicadores deben analizarse con contexto. Una diferencia de permanencia no demuestra por sí sola que la migración sea la causa; puede relacionarse con financiamiento, jornada, trabajo, territorio, carrera u otros factores. El objetivo no es construir un perfil deficitario. Es detectar dónde los procesos institucionales generan barreras evitables y evaluar si los apoyos funcionan. Calidad e inclusión no son agendas separadas La Ley 21.091 sobre Educación Superior incorpora inclusión, diversidad, calidad y responsabilidad pública entre los principios del sistema chileno. Los criterios de acreditación también piden que universidades, IP y CFT pasen de las declaraciones a mecanismos formalizados, despliegue institucional, resultados y mejoramiento. Por eso, una política migratoria no debería existir como documento aislado. Debe conversar con el sistema interno de calidad, el modelo educativo, las políticas de inclusión, los procesos de admisión, los apoyos de permanencia, la gestión de convivencia y la vinculación con el entorno. La evidencia relevante no es solo cuántas actividades se realizaron. Importa saber si la información llegó a tiempo, si disminuyeron las derivaciones erróneas, si los casos se resolvieron con criterios consistentes, si los apoyos alcanzaron jornadas y sedes distintas, y si las brechas detectadas condujeron a decisiones. Esto exige considerar también al subsistema técnico-profesional. En IP y CFT, la trayectoria puede incluir jornada vespertina, educación a distancia, reconocimiento de aprendizajes previos, talleres, prácticas y articulación con el empleo. Una política diseñada únicamente desde la experiencia universitaria diurna dejaría fuera condiciones decisivas para miles de estudiantes. Seis preguntas para revisar la preparación institucional Una institución puede comenzar su diagnóstico con preguntas concretas: ¿Existe una ruta pública y comprensible para estudiantes migrantes desde la postulación hasta el egreso? ¿Quién coordina los casos que involucran simultáneamente admisión, financiamiento, registro académico y bienestar? ¿Los apoyos están disponibles en todas las sedes, jornadas y modalidades pertinentes? ¿Docentes y equipos profesionales reciben formación para responder a barreras lingüísticas, culturales y de discriminación sin reducir las exigencias académicas? ¿La institución analiza acceso, permanencia, titulación y experiencia con resguardos de privacidad y sin confundir nacionalidad con vulnerabilidad? ¿Las decisiones, aprendizajes y alianzas quedan documentados o desaparecen cuando cambia el equipo responsable? Si las respuestas dependen de una persona específica, todavía no existe una capacidad institucional. Existe buena voluntad. Es valiosa, pero frágil. Una trayectoria móvil no debería ser una trayectoria interrumpida La educación superior no puede resolver por sí sola la política migratoria, los tiempos de regularización ni todas las desigualdades que atraviesan a una familia. Sí puede decidir cómo informa, coordina, enseña, acompaña y evalúa sus propios procesos. Pasar de la excepción a una política sostenible no significa crear privilegios. Significa evitar que requisitos confusos, oficinas desconectadas o respuestas arbitrarias agreguen barreras que no son necesarias para asegurar calidad. También significa reconocer que la diversidad migratoria puede enriquecer la experiencia educativa, ampliar perspectivas y fortalecer el diálogo dentro de las instituciones, siempre que no se convierta a las personas en símbolos ni se les exija cargar solas con la interculturalidad. Una trayectoria móvil no tiene por qué ser una trayectoria interrumpida. Cuando las instituciones aprenden a leerla, coordinar apoyos y sostener expectativas claras, la inclusión deja de ser una promesa y se convierte en una forma concreta de calidad. Si te interesa seguir analizando cómo la gestión, la equidad y la innovación pueden transformar la educación superior, regístrate gratis en InnovacionAcademica.org y participa en una comunidad que comparte evidencia, experiencias y herramientas para mejorar las instituciones. Fuentes consultadas INE y Servicio Nacional de Migraciones — Estimaciones de personas extranjeras residentes en Chile . Subsecretaría de Educación Superior — Mesa de inclusión de estudiantes migrantes y refugiados/as . Subsecretaría de Educación Superior — Red PACE de apoyo a estudiantes migrantes . Biblioteca del Congreso Nacional de Chile — Ley 21.091 sobre Educación Superior . UNESCO IESALC — Informe mundial sobre tendencias de la educación superior 2026 .