Diversidad e inclusión en acreditación universitaria Chile

Diversidad e inclusión en la acreditación universitaria chilena: del cumplimiento normativo a la demostración de resultados La incorporación de la convivencia, la equidad de género, la diversidad y la inclusión en los criterios de acreditación institucional representa un cambio relevante en la manera de comprender la calidad universitaria. El desafío ya no consiste únicamente en facilitar el acceso o aprobar políticas institucionales, sino en demostrar que las universidades identifican barreras, implementan mecanismos, asignan recursos y obtienen resultados verificables en las trayectorias y experiencias de su comunidad. Durante décadas, la discusión sobre calidad en la educación superior chilena estuvo concentrada principalmente en aspectos como la docencia, la gestión institucional, la investigación, los recursos y la capacidad de autorregulación. La diversidad y la inclusión aparecían en políticas estudiantiles, programas de apoyo o iniciativas desarrolladas por determinadas unidades, pero no siempre ocupaban un lugar central dentro de los procesos formales de evaluación institucional. Este escenario ha cambiado. Desde la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares de acreditación institucional, en octubre de 2023, las universidades chilenas son evaluadas explícitamente en su capacidad para gestionar la convivencia, la equidad de género, la diversidad y la inclusión. En el subsistema universitario, estas materias se encuentran reunidas en el Criterio 7 , integrado en la dimensión de Gestión Estratégica y Recursos Institucionales. ( CNA Chile ) No se trata solamente de agregar un nuevo apartado al informe de autoevaluación. La incorporación de este criterio supone una ampliación del propio concepto de calidad: una universidad no puede considerarse plenamente efectiva cuando sus estructuras, procesos educativos o formas de convivencia generan barreras sistemáticas para determinados grupos de su comunidad. Un marco regulatorio que ha evolucionado progresivamente El actual tratamiento de la diversidad y la inclusión en la acreditación institucional no surge de una sola norma. Es el resultado de la convergencia de distintas leyes, principios y obligaciones que han ido configurando un marco más exigente para las instituciones de educación superior. La Ley N.º 20.129 , publicada en 2006 y posteriormente modificada, creó el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este sistema articula al Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación, la Superintendencia de Educación Superior y el Consejo Nacional de Educación, junto con las propias instituciones. La reforma introducida por la Ley N.º 21.091 fortaleció el carácter integral de la acreditación institucional y estableció las dimensiones sobre las cuales debe evaluarse la calidad de las universidades. ( Biblioteca del Congreso de Chile ) La Ley N.º 21.091 sobre Educación Superior , de 2018, representa uno de los fundamentos más importantes. Además de reconocer la educación superior como un derecho que debe estar disponible sin discriminaciones arbitrarias, incorpora la inclusión como uno de los principios rectores del sistema. La ley dispone que este debe promover la eliminación de las diferentes formas de discriminación y la realización de ajustes razonables para permitir la inclusión de las personas con discapacidad. ( Biblioteca del Congreso de Chile ) Este principio tiene consecuencias profundas. Significa que la inclusión no puede entenderse solamente como la apertura formal de oportunidades de ingreso. La responsabilidad institucional se extiende a las condiciones necesarias para participar, aprender, progresar y completar una trayectoria formativa en igualdad de oportunidades. La Ley N.º 20.422 , sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, complementa este marco. La norma define conceptos como accesibilidad universal, diseño universal y ajustes necesarios, y establece que las instituciones de educación superior deben contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad. También deben adaptar materiales de estudio y medios de enseñanza para que puedan cursar las diferentes carreras. ( Biblioteca del Congreso de Chile ) Esta obligación muestra que la inclusión universitaria no se reduce a la accesibilidad física de los campus. También comprende plataformas tecnológicas, recursos bibliográficos, materiales docentes, metodologías de enseñanza, formas de evaluación, sistemas de comunicación y procedimientos administrativos. Un segundo eje regulatorio relevante corresponde a la Ley N.º 21.369 , que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Esta ley obliga a todas las instituciones a contar con una política integral construida con participación de sus estamentos y compuesta, al menos, por un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción. La política debe considerar diagnósticos actualizados, actividades permanentes de sensibilización, capacitación, mecanismos de monitoreo, evaluación de impacto y unidades responsables de su implementación. ( Biblioteca del Congreso de Chile ) La vinculación con la acreditación es directa: las instituciones que no adopten una política integral en los términos establecidos por la ley no pueden acceder u obtener la acreditación institucional. Sin embargo, contar formalmente con esa política no garantiza por sí solo un buen desempeño en el Criterio 7. Una cosa es satisfacer una condición legal de existencia; otra es demostrar que la política se implementa, produce resultados y forma parte de un sistema de mejoramiento continuo. ( Biblioteca del Congreso de Chile ) Más recientemente, la Ley N.º 21.545 , conocida como Ley de Autismo, reforzó el deber de las instituciones de educación superior de asegurar ambientes inclusivos. Su artículo 21 establece que deben realizar los ajustes necesarios para que las personas autistas cuenten con mecanismos que faciliten todo el proceso formativo: ingreso, formación, participación, permanencia y egreso. ( Biblioteca del Congreso de Chile ) El informe publicado por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en febrero de 2026 precisa que la Ley N.º 21.545 no crea una obligación completamente desconectada de las anteriores. Más bien, especifica y refuerza deberes ya contenidos en las leyes N.º 20.422 y N.º 21.091. También distingue las responsabilidades de los organismos: la Superintendencia fiscaliza el cumplimiento de la normativa, mientras que la CNA incorpora la inclusión dentro de sus marcos de evaluación de la calidad. El Criterio 7: una exigencia institucional y no solo estudiantil El Criterio 7 establece que la universidad debe promover el desarrollo integral de su comunidad y responder, en todo su quehacer, a los desafíos relacionados con la convivencia, la equidad de género, el respeto a la diversidad y la inclusión, de acuerdo con sus propósitos institucionales. ( CNA Chile ) La expresión “en todo su quehacer” es especialmente importante. Impide interpretar el criterio como una responsabilidad exclusiva de una dirección de asuntos estudiantiles, una unidad de género o un programa de inclusión. Su alcance se proyecta sobre la docencia, la gestión de personas, el gobierno universitario, la investigación, la vinculación con el medio, los servicios de apoyo, la infraestructura, las tecnologías y el aseguramiento interno de la calidad. También comprende a toda la comunidad universitaria. Las políticas no deberían concentrarse únicamente en estudiantes, sino considerar al personal académico, profesional, administrativo y directivo. Del mismo modo, su despliegue debe examinar las diferencias entre sedes, jornadas, modalidades de estudio, niveles formativos y unidades académicas. Las orientaciones de la CNA utilizan una concepción amplia de diversidad e inclusión. Entre los factores que pueden producir discriminación o inequidad se encuentran la discapacidad, el género, la orientación sexual, la pertenencia cultural o étnica, la lengua, la religión, la situación socioeconómica y la condición migratoria. Esto significa que cada universidad debe reconocer las características particulares de su comunidad y de los territorios en los cuales se encuentra inserta, en lugar de aplicar una lista estandarizada de grupos o acciones. ( CNA Chile ) Los estándares están construidos bajo una lógica progresiva. En un primer nivel se espera que la institución cuente con políticas, acciones y recursos. En un segundo nivel debe demostrar mecanismos de gestión formalizados, articulación y despliegue institucional. En el nivel superior debe presentar resultados, evaluar la efectividad de sus estrategias y utilizar esa información para proyectar mejoras. Los niveles son acumulativos: el nivel más avanzado supone haber alcanzado también los anteriores. ( CNA Chile ) Esta gradiente modifica el tipo de evidencia que una universidad necesita presentar. Un reglamento aprobado, una campaña comunicacional o una jornada de capacitación pueden demostrar actividad, pero no necesariamente efectividad. Para alcanzar un desarrollo avanzado se requieren indicadores, análisis de brechas, resultados de satisfacción, evaluación de apoyos, seguimiento de trayectorias y decisiones institucionales adoptadas a partir de la evidencia. De la política declarada a la capacidad institucional Uno de los principales aportes del nuevo criterio es que desplaza la evaluación desde las declaraciones hacia las capacidades institucionales. Una política de inclusión es relevante, pero debe estar respaldada por gobernanza, responsabilidades, recursos, procedimientos y sistemas de seguimiento. La universidad debería poder responder preguntas concretas: ¿qué barreras ha identificado?, ¿qué grupos enfrentan mayores dificultades?, ¿cómo se solicitan y resuelven los ajustes?, ¿quién toma las decisiones?, ¿qué recursos existen?, ¿cómo se capacita al personal académico?, ¿qué diferencias aparecen entre sedes y modalidades?, ¿qué resultados producen los apoyos?, ¿qué mejoras se han implementado? Desde esta perspectiva, la inclusión comienza a relacionarse directamente con la gestión académica. Por ejemplo, las tasas globales de retención o titulación pueden parecer satisfactorias, pero ocultar brechas significativas entre grupos. Por eso, los sistemas de información deben permitir analizar trayectorias diversas, manteniendo al mismo tiempo estándares adecuados de privacidad, protección de datos y uso responsable de información sensible. También se vuelve indispensable conectar el criterio con el modelo educativo. La inclusión no puede descansar únicamente en apoyos individuales que se activan cuando un estudiante encuentra una barrera. Requiere revisar el diseño general de las experiencias de aprendizaje, la accesibilidad de los materiales, la flexibilidad de las estrategias pedagógicas y las formas mediante las cuales los estudiantes pueden demostrar sus aprendizajes. Los principales desafíos para el subsistema universitario El primer desafío es pasar del cumplimiento formal a la demostración de resultados . Muchas universidades ya cuentan con políticas, protocolos, unidades especializadas y programas de apoyo. El problema será probar que estos instrumentos reducen barreras, mejoran la experiencia universitaria y favorecen trayectorias más equitativas. La acreditación exigirá diferenciar claramente entre actividades realizadas, cobertura alcanzada, resultados obtenidos e impactos institucionales. El segundo consiste en transversalizar la inclusión . Cuando la responsabilidad queda radicada exclusivamente en una unidad especializada, el resto de la organización puede asumir que la inclusión no forma parte de sus funciones. El desafío es construir una gobernanza en la cual rectoría, vicerrectorías, facultades, carreras, recursos humanos, tecnologías, infraestructura y aseguramiento de la calidad compartan responsabilidades. Un tercer desafío es fortalecer los sistemas de información . Las universidades necesitan indicadores que permitan detectar brechas de acceso, permanencia, progresión, participación, titulación, empleabilidad, carrera académica y calidad de vida. La información global ya no será suficiente. Sin embargo, la desagregación deberá realizarse con resguardos éticos, evitando la exposición, estigmatización o identificación indebida de personas y comunidades. El cuarto desafío es desarrollar una pedagogía verdaderamente inclusiva . El informe SINACES de 2026 sostiene que no basta con incorporar apoyos específicos: es necesario revisar el modelo de enseñanza y aprendizaje para reconocer la diversidad de trayectorias y formas de aprender como un componente habitual del proceso formativo. Esto no implica reducir los resultados de aprendizaje ni relativizar los perfiles de egreso, sino ampliar las formas legítimas de alcanzarlos y demostrarlos. Un quinto desafío corresponde a armonizar el significado y los límites de los ajustes razonables . Actualmente pueden existir diferencias entre instituciones, carreras e incluso docentes respecto de qué ajustes son pertinentes, quién los define y hasta dónde pueden aplicarse. El informe del SINACES identifica esta falta de criterios compartidos como una fuente de fragmentación y desigualdad de trato. El sexto es asegurar recursos y capacidades sostenibles . Las políticas pierden efectividad cuando dependen de proyectos temporales, presupuestos variables o equipos reducidos. El sistema deberá enfrentar la heterogeneidad de capacidades entre universidades de distinto tamaño, complejidad, territorio y disponibilidad financiera. La evidencia reciente advierte que la insuficiencia de dotaciones, recursos y marcos de coordinación puede hacer que las acciones operen de manera reactiva y fragmentada. El séptimo desafío es integrar la interseccionalidad . Las personas no experimentan las instituciones desde una sola característica. Pueden combinarse género, discapacidad, vulnerabilidad socioeconómica, pertenencia cultural, condición migratoria, ruralidad y responsabilidades familiares. Una política fragmentada por categorías corre el riesgo de no comprender cómo se acumulan o refuerzan las barreras. Finalmente, el subsistema universitario deberá conciliar flexibilidad, equidad y calidad académica . Este probablemente será uno de los debates más complejos. Los ajustes no pueden alterar arbitrariamente las competencias establecidas en los perfiles de egreso, particularmente en profesiones reguladas. Pero tampoco puede invocarse la calidad para mantener procedimientos rígidos que no son esenciales para demostrar los aprendizajes. El reto consiste en distinguir entre los resultados formativos que deben ser comunes y las formas, tiempos o medios mediante los cuales pueden alcanzarse. Una nueva frontera del aseguramiento de la calidad La incorporación de la diversidad y la inclusión en la acreditación institucional constituye una señal clara: estas materias ya no pueden ser tratadas como iniciativas complementarias, reputacionales o voluntarias. Forman parte de la responsabilidad pública de las universidades y de la calidad de la experiencia que ofrecen. El verdadero avance no se medirá por la cantidad de políticas aprobadas ni por el número de actividades ejecutadas. Se observará en la capacidad de las instituciones para reconocer la diversidad de sus comunidades, eliminar barreras, generar condiciones equitativas, mantener estándares académicos exigentes y aprender sistemáticamente de sus resultados. En definitiva, el Criterio 7 plantea una transición desde una universidad que atiende casos de inclusión hacia una universidad que se diseña, gestiona y evalúa como una institución inclusiva . Ese cambio será uno de los desafíos más importantes de la acreditación universitaria chilena durante los próximos años.