Brecha digital e IA en educación superior

Tener señal no significa tener las mismas oportunidades Una clase se transmite en línea. La plataforma funciona. Los materiales están disponibles y la evaluación tiene fecha definida. Desde la perspectiva institucional, todo parece estar en orden. Sin embargo, una estudiante intenta conectarse desde su teléfono, otro comparte computador con su familia y una tercera persona dispone de internet, pero no de un lugar tranquilo para estudiar. Los tres aparecen como “usuarios conectados”. Ninguno vive la misma experiencia educativa. Esta diferencia ayuda a entender por qué la brecha digital en educación superior ya no puede reducirse a una pregunta binaria: ¿tiene o no tiene internet? La digitalización de la docencia, los servicios estudiantiles y la gestión académica exige mirar también la calidad de la conexión, el tipo de dispositivo, la disponibilidad de datos, las condiciones de estudio, la accesibilidad de las plataformas y las habilidades necesarias para participar con autonomía. La inteligencia artificial agrega otra capa. Ya no solo importa quién puede entrar a una plataforma, sino quién puede utilizar herramientas avanzadas, pagar versiones con mejores prestaciones, formular buenas preguntas, comprobar resultados, proteger sus datos y reconocer errores o sesgos. Si las instituciones de educación superior no incorporan estas diferencias en sus decisiones, la innovación puede ampliar oportunidades para algunos y elevar barreras para otros. De la conectividad disponible a la conectividad significativa Chile presenta niveles altos de acceso a internet. La Undécima Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet de SUBTEL informó que el 94,3% de los hogares declaraba contar con acceso propio y pagado en 2024. Es un avance importante, pero no autoriza a concluir que la brecha está resuelta. El mismo estudio muestra el papel de las conexiones móviles en zonas rurales, donde alcanzan el 50,9%. Una conexión móvil puede ser suficiente para comunicarse o revisar información breve. No siempre permite participar durante horas en una videoclase, descargar archivos pesados, usar software especializado, rendir una evaluación sin interrupciones o trabajar con grandes volúmenes de datos. Tampoco dice cuántas personas comparten el dispositivo o la conexión dentro de un hogar. La CEPAL propone hablar de conectividad significativa : una experiencia que combina calidad, disponibilidad de dispositivos, habilidades y posibilidad real de aprovechar los servicios digitales. El concepto es especialmente útil para educación superior porque desplaza la conversación desde la cobertura hacia las condiciones efectivas de participación. En América Latina y el Caribe persisten diferencias territoriales importantes. CEPAL advierte que la brecha promedio de acceso entre zonas urbanas y rurales se acerca a 40 puntos porcentuales, además de existir disparidades de calidad entre países. La Unión Internacional de Telecomunicaciones estimó para 2024 que el 83% de la población urbana mundial utilizaba internet, frente al 48% de la población rural. Son cifras generales, no indicadores exclusivos de estudiantes, pero ayudan a dimensionar el contexto en que las instituciones digitalizan su oferta. La brecha tiene más de una puerta de entrada Pensar la desigualdad digital como un problema multidimensional permite identificar, al menos, seis ámbitos que una institución debería observar. Primero, conexión. Importan la estabilidad, velocidad, latencia, disponibilidad de datos y continuidad del servicio. Dos estudiantes con acceso nominal pueden enfrentar posibilidades muy distintas. Segundo, dispositivos. Un teléfono permite realizar muchas tareas, pero no reemplaza un computador para escribir trabajos extensos, programar, diseñar, analizar bases de datos o utilizar software disciplinar. La antigüedad del equipo y su capacidad también cuentan. Tercero, condiciones materiales. La disponibilidad de un espacio tranquilo, energía eléctrica, audífonos, tiempo sin interrupciones y soporte técnico influye en la experiencia. Digitalizar puede trasladar costos desde la institución hacia los hogares sin que esa transferencia sea visible. Cuarto, accesibilidad. Una plataforma incompatible con lectores de pantalla, videos sin subtítulos, documentos mal estructurados o evaluaciones rígidas pueden excluir a estudiantes con discapacidad. La accesibilidad no es una adaptación posterior: debe formar parte del diseño. Quinto, habilidades. Saber abrir una aplicación no equivale a buscar información con criterio, proteger datos, colaborar en línea, reconocer desinformación o resolver problemas técnicos. La alfabetización digital es académica, informacional y ética. Sexto, apoyo institucional. Una persona puede tener equipo y conexión, pero quedar fuera si no sabe dónde pedir ayuda, si el soporte opera solo en horario laboral o si cada asignatura utiliza herramientas diferentes sin orientación común. Esta mirada evita una conclusión cómoda: que entregar acceso a una plataforma equivale a garantizar acceso a la educación. La plataforma es apenas una parte del entorno de aprendizaje. La inteligencia artificial crea una brecha de segundo nivel El Informe mundial sobre tendencias de la educación superior 2026 de UNESCO señala que el 77% de los planes nacionales analizados incorpora servicios educativos digitales, inteligencia artificial o aprendizaje en línea y a distancia. También registra el aumento de usuarios de plataformas de aprendizaje online: de 429 millones en 2019 a 783 millones en 2024. La transformación ya está ocurriendo; la pregunta es cómo se distribuyen sus beneficios y riesgos. Con la IA aparece una brecha de segundo nivel. Dos estudiantes pueden tener computador e internet, pero solo uno acceder a una versión pagada, recibir formación para usarla, comprender sus limitaciones o contar con acompañamiento docente. El otro puede depender de herramientas gratuitas más restringidas, aceptar respuestas sin verificarlas o evitar la tecnología por temor a infringir reglas poco claras. También existen diferencias entre carreras e instituciones. Algunos programas ofrecen laboratorios, licencias, bases de datos, asesoría y experiencias guiadas. Otros dejan el aprendizaje de IA entregado a la iniciativa individual. Así, una tecnología presentada como democratizadora puede convertir la capacidad de pago, el capital cultural y el apoyo institucional en nuevas ventajas académicas. El problema no se resuelve entregando una lista de herramientas. Requiere alfabetización en IA: comprender para qué sirve un sistema, cómo formula resultados, qué información no conviene ingresar, cómo verificar una respuesta, cuándo declarar su uso y qué decisiones deben permanecer bajo responsabilidad humana. También exige reglas comprensibles y alternativas equivalentes para quienes no puedan o no deban usar un determinado servicio. Digitalizar sin diagnosticar puede producir exclusión silenciosa Muchas brechas no aparecen en los tableros institucionales. Un estudiante que apaga la cámara para ahorrar datos puede ser interpretado como poco participativo. Quien demora en entregar un trabajo por compartir equipo puede parecer desorganizado. Una persona que no utiliza una herramienta de IA pagada puede quedar en desventaja frente a compañeros que automatizan parte de sus tareas. Y quien abandona una actividad por falta de accesibilidad puede registrarse simplemente como inasistente. La exclusión digital suele confundirse con falta de compromiso porque las instituciones observan el resultado, pero no siempre la condición que lo produjo. Esto no significa atribuir toda dificultad académica a la tecnología ni suponer una causalidad automática entre mala conexión y abandono. Significa incorporar variables digitales al análisis de experiencia, progresión y calidad. Un diagnóstico serio debería combinar información cuantitativa y cualitativa. Las encuestas pueden identificar tipos de conexión, dispositivos y costos. Los registros de plataforma permiten detectar patrones de acceso, siempre con resguardos de privacidad. Las entrevistas y grupos de conversación revelan dificultades que los indicadores no muestran: vergüenza de pedir ayuda, espacios domésticos inadecuados, dependencia de redes móviles o temor frente a nuevas herramientas. Qué pueden hacer las instituciones de educación superior La respuesta no necesita comenzar con una gran compra tecnológica. Puede partir con decisiones de diseño y gestión más cuidadosas. Diagnosticar periódicamente las condiciones reales de acceso. No basta una encuesta al ingreso. Las necesidades cambian durante la trayectoria y deben analizarse por territorio, jornada, modalidad, nivel socioeconómico, discapacidad y responsabilidades laborales o de cuidado. Diseñar servicios de baja demanda tecnológica. Materiales descargables, archivos livianos, actividades asincrónicas y plataformas que funcionen desde conexiones inestables amplían la participación sin empobrecer el aprendizaje. Ofrecer equipos y espacios utilizables. Los programas de préstamo deben considerar duración, soporte y software requerido. Bibliotecas, laboratorios y salas conectadas necesitan horarios compatibles con estudiantes que trabajan. Incorporar accesibilidad desde el inicio. Subtítulos, navegación por teclado, compatibilidad con tecnologías de apoyo y formatos bien estructurados deben ser criterios de compra y producción, no favores excepcionales. Desarrollar alfabetización digital y de IA situada. Las habilidades deben enseñarse dentro de las disciplinas y no solo en talleres genéricos. Verificar una respuesta de IA en enfermería, construcción, pedagogía o derecho implica criterios distintos. Establecer reglas claras y alternativas equivalentes. Si una actividad exige una herramienta específica, la institución debe revisar sus costos, tratamiento de datos, condiciones de acceso y opciones para quien no pueda utilizarla. Evaluar proveedores desde la equidad. La decisión de contratar una plataforma no debería depender únicamente de funciones y precio. También importan accesibilidad, consumo de datos, interoperabilidad, privacidad, soporte y posibilidad de auditoría. Monitorear resultados, no solo disponibilidad. El indicador relevante no es cuántas licencias se compraron, sino quiénes usan los recursos, quiénes quedan fuera, qué aprendizajes facilitan y qué problemas generan. La inclusión digital es una decisión académica La brecha digital no pertenece únicamente al área de tecnología. Atraviesa docencia, asuntos estudiantiles, bibliotecas, inclusión, calidad, currículum, evaluación, infraestructura y gobierno de datos. Si se delega por completo en una unidad técnica, la institución corre el riesgo de resolver disponibilidad de sistemas sin resolver participación educativa. Tampoco se trata de detener la digitalización hasta que desaparezca toda desigualdad. Esa espera sería poco realista y podría cerrar oportunidades valiosas. El desafío es avanzar con evidencia, apoyos y capacidad de corrección. Una institución inclusiva no es la que garantiza que todas las personas parten desde el mismo lugar —algo que no controla por sí sola—, sino la que evita convertir esas diferencias en barreras innecesarias. La pregunta decisiva ya no es si la educación superior será digital. En buena medida, ya lo es. La pregunta es qué condiciones institucionales harán posible que esa transformación amplíe oportunidades en lugar de distribuir ventajas según conexión, dispositivo, capacidad de pago o familiaridad previa con la tecnología. Comprender estas tensiones y compartir respuestas institucionales también es parte de innovar. Regístrate gratis en InnovacionAcademica.org para acceder a nuevos análisis, intercambiar experiencias y participar en una comunidad que busca transformar la educación con rigor y sentido práctico. Fuentes consultadas UNESCO. Informe mundial sobre tendencias de la educación superior 2026 . SUBTEL. Undécima Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet en Chile . SUBTEL. Informe final de la encuesta 2024 . CEPAL. Conectividad significativa y habilidades digitales . Unión Internacional de Telecomunicaciones. Facts and Figures 2024 .